Durante el verano de 2017, Chile experimentó un enjambre de incendios forestales que movilizó a todo el país y llamó la atención internacionalmente. En el punto más álgido de la catástrofe, la destrucción completa de Santa Olga convirtió al pequeño poblado, antes completamente anónimo, en el símbolo más crudo de lo que fue la emergencia forestal. De acuerdo a la memoria de sus habitantes, Santa Olga había surgido durante la década de los ‘60 como un pequeño asentamiento irregular que agrupaba a los trabajadores de la industria forestal y a sus familias. De hecho, el asentamiento finalmente se formalizó cuando la principal empresa de la zona donó varios terrenos a la Municipalidad de Constitución con la condición de que estos se repartieran entre sus faeneros.

Con el paso del tiempo el negocio forestal siguió creciendo, y con él se desarrolló también Santa Olga, una villa que terminó excediendo el loteo original, convirtiéndose, finalmente, en un poblado híbrido en el que convivían propietarios, allegados y ocupantes de tierras sin legalización. Por lo mismo, su acceso a servicios básicos era complejo y, de hecho, los últimos veranos antes del incendio se encontraban marcados por una patente falta de agua. Esto último se encontraba a su vez fuertemente vinculado a la erosión de la tierra y la afectación a las afluentes de agua naturales que nutrían la zona producto de las extensas plantaciones de coníferas que rodeaban el poblado. En Santa Olga, personas y pinos convivieron muy de cerca, hasta que, durante la madrugada del 26 de enero de 2017, el paso inexorable del fuego terminara con la vida como la conocían. Tras esa noche, no quedaron ni árboles ni casas en pie.